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Normalizar la barbarie

Por: Laura Luna

Columnista de Opinión

@LauraMLuna

Diciembre 4 de 2017

  “Supongo que el único momento en que la mayoría

de la gente piensa en la injusticia es cuando le sucede a ellos”.

Charles Bukowski

 

Lamentablemente esta semana en la Fiscalía, el departamento de Santander fue mencionado en múltiples ocasiones por la investigación en el Programa de Alimentación Escolar, PAE, que evidencia -gracias al rastreo de dineros desviados- altos niveles de corrupción. Los fiscales detectaron anomalías en el contrato, suscrito el 21 de abril de 2016, entre la Gobernación de Santander y la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada direccionado al PAE por un valor total de 35 mil 750 millones de pesos y cuyos recursos deberían cubrir la alimentación de cerca de 125 mil estudiantes de escuelas y colegios de Santander.

Como era de esperarse los alumnos no han recibido las provisiones y, según recientes informes la policía judicial tiene pruebas que evidenciarían que dichos dineros están en una fiducia para compra de un inmueble en Bucaramanga. Sin embargo, en lugar de visibilizar la inmensa tragedia que es no alimentar a niños y jóvenes, salieron a flote señalamientos de otros casos similares con mayores pérdidas económicas y de amplio cubrimiento mediático, que atenuaron la gravedad de la falta.

En paralelo, se multiplicó en redes sociales un video en la capital santandereana donde una mujer de manera violenta alimenta a una bebé, impidiéndole la movilidad y obligándola a tragar bajo riesgo de ahogarla. No tardaron las reacciones agresivas señalando a la irresponsable, sentenciándola a infinidad de castigos tan bárbaros como el crimen mismo y solidarizándose con los familiares y madres de menores.

No quiero aumentar un hecho o menospreciar el otro, pero mencionado lo anterior debo exponer nuestros sesgados juicios de valor. Tenemos que ver para entender. La proximidad que hallamos en el video (porque estamos presenciando de primera mano a la menor sufriendo) es la que nos falta sentir con el 46.1% de los hogares santandereanos que presentan inseguridad alimentaria según la encuesta Nacional de la Situación Nutricional.

Además, el infortunio aumenta cuando los participantes de estas situaciones condicionan su labor según la ocasión. Aplica para entidades de control, Gobierno Departamental y ciudadanía. En el primer caso el ente acusador tiene una investigación abierta que puede durar décadas, en el segundo (dada la publicidad) ya salieron voces oficiales y se promete aplicar todo el peso de la ley.

Tenemos que medir con la misma regla el daño que está sufriendo nuestra sociedad por el incumplimiento, violación o alteración de las leyes. Tan malo el ladrón que nos robó el celular en el bus, como el político que direccionó a inversión particular los fondos públicos. Ambos crímenes son escandalosos pero cada vez nos acostumbramos más y seguimos creyendo que puñalada en barriga ajena no duele, y pues si. Si duele que el futuro de este país, esté agonizando de hambre mientras alguien estrena jacuzzi.  

Enmienda: Pendientes de la investigación en contra del senador liberal Álvaro Ashton por conductas que podrían implicar abuso sexual. A ver si nos damos cuenta que los problemas políticos de Colombia empiezan con nuestros representantes.

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