Santander

Proyecto de reforzamiento del estadio podría terminar en multimillonaria demanda por negligencia de funcionarios públicos

Hoy los santandereanos, especialmente los hinchas del Atlético Bucaramanga, se sienten orgullosos del Estadio Alfonso López, proyecto que requirió una inversión aproximada de  $25.500.000.000 entre diseños, obra e interventoría, para dar cumplimiento a la Acción Popular interpuesta por el Juzgado 15 Administrativo que obligaba a la realización del reforzamiento estructural. La ejecución de este contrato siempre estuvo bajo la lupa de la comunidad debido al lento avance en la ejecución de las obras, retrasos que obedecieron a deficiencias en los estudios y diseños.

Pero, pocos conocen la situación de un grupo de profesionales en diferentes especialidades  que hicieron parte del equipo de trabajo  del Consorcio Refuerzo, empresa adjudicataria del contrato de Interventoría No 1031 de 2015. Ellos alegan que el contratista desde el inicio de la ejecución del contrato incumplió con la cancelación de los salarios y de la seguridad social, obligaciones que hacen parte del mencionado acuerdo.

LOS RETRASOS

Durante el plazo de ejecución del contrato, por situaciones como: el Mundial de Fútbol Sala, retrasos en la ejecución de las obras por parte del contratista de obra, debido a fallas en los diseños para el reforzamiento, préstamo de los escenarios, pese a la restricción de uso establecida por el Juzgado 15 Administrativo de Bucaramanga, y  al paro camionero; haciendo que tanto a la obra, como la interventoría, trabajaran en contingencia  desarrollando actividades 24 horas al día durante varios meses, siendo necesario contratar más personal, realizar labores, especialmente en horas nocturnas y como agravante el no pago de salarios y seguridad social de los empleados de la interventoría.

FALTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO POR LA GOBERNACIÓN

Debido a este incumplimiento, la Gobernación de Santander a través de la Supervisora delegada, la Ingeniera Ana Wandurraga, profesional adscrita a la Secretaría de Infraestructura, el 16 de septiembre del 2016  solicita al contratista que en el término de tres (3) días subsane los soportes del cumplimiento de las obligaciones de seguridad social integral, no sin antes hacer una exposición de las obligaciones del contratista y de su responsabilidad en el incumplimiento de las cláusulas del contrato.

Pese a estos incumplimientos descritos por la Supervisora de la gobernación en la comunicación del 16 de septiembre 2016, la misma autorizó el pago de actas parciales al contratista entre noviembre de 2016 y febrero de 2017 por un monto aproximado de $500 millones de pesos.

AUDIENCIAS

El 31 de marzo de 2017 se adelantó una audiencia de imputación de multas a la firma contratista, fundada en el posible incumplimiento en las obligaciones de la ejecución del contrato como son: Inconsistencias en la seguridad social, presentación de informes, pago de salarios y licencias. En esta audiencia se reconoció por parte del Consorcio Refuerzo el  no pago de los salarios de los 20 empleados de la misma.

Adicional a esto y durante el acto administrativo de declaratoria de posible incumplimiento de contrato por parte del Consorcio Refuerzo, se conoció que el contrato NO CONTABA CON LA PÓLIZA DE AMPARO pues el contratista no solo no canceló la póliza, sino que además, la aseguradora manifestó que el pagaré no había sido firmado por el contratista.

Este acto administrativo, que debía tener una última audiencia para dar a conocer públicamente el resultado y las determinaciones a tomar por parte de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Infraestructura, con respecto a la cancelación de salarios ADEUDADOS DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016 Y LAS INCONSISTENCIAS EN LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL QUE SE PRESENTARON DESDE EL AÑO 2015, no se realizó dentro del término contractual, el cual vencía el 21 de mayo de 2017, quedando sin dar solución al pago de los salarios de los trabajadores del Consorcio Refuerzo.

Una vez finalizado el plazo contractual y teniendo en cuenta que en la Gobernación de Santander, reposaba un saldo a favor del contratista por $400 millones de pesos; el Representante Legal del Consorcio Refuerzo le solicito a la Gobernación realizar directamente el pago de los salarios a los empleados.

¿MINTIÓ LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA?

En el mes de julio el Secretario de Infraestructura Ingeniero Mauricio Mejía, por diferentes medios de comunicación manifestó “Este proyecto quedó abandonado y tirado por parte de esa interventoría, generando unos incumplimientos en salarios, en prestaciones sociales, en incumplimiento de todos los impuestos que se debían estar pagando”

Lo paradójico es que el día 19 de mayo de 2017 se realizó acta de comité de interventoría, reunión a la que asistió la Ingeniera Ana Wandurraga como Supervisora del contrato. Es decir el personal seguía laborando, sin el pago de salarios, pero el contrato no quedó abandonado.

LIMBO JURÍDICO CONTRACTUAL

El 22 de septiembre de 2017, luego de cuatro (4) meses de haber terminado el plazo contractual y el plazo establecido para la liquidación bilateral, la Secretaría de Infraestructura citó a Audiencia de Imputación de Multas, por posible incumplimiento. Es decir el Secretario de Infraestructura en los medios había manifestado que al contratista lo habían multado por abandono del contrato, situación que no es real y tampoco se generó ningún acto administrativo que estableciera el incumplimiento.

En la Audiencia del 22 de septiembre el apoderado de la Aseguradora Solidaria de Colombia Héctor Manuel Castellanos, manifiesta  que es incomprensible, grave y cuestionable que la Gobernación realizara pagos parciales mensuales al contratista, si aún desde el comienzo de la ejecución del contrato se presentan incongruencias en el pago al sistema de seguridad social. Así mismo, expresa que el Estado está obligado a actuar con eficiencia y eficacia en la protección de los recursos públicos fiscales, sujetándose al orden jurídico. El Dr. Castellanos enuncia que la aseguradora cubre a la entidad estatal de los perjuicios, siempre y cuando ella estos sean imputables al contratista, pero en este caso son imputables a la Gobernación, quien observando el incumplimiento continuó realizando pagos al contratista y no tomó las determinaciones contundentes.   

(Audio 22 septiembre el abogado de la aseguradora inicia en el minuto 37:50)


Un año después siguen los 20 empleados de la interventoría sin recibir el pago de sus salarios, han presentado derechos de petición a la Gobernación de Santander, a la Oficina de Control Interno, a la Procuraduría, a la Contraloría a la Aseguradora Solidaria; y a la fecha han recibido una respuesta de la Gobernación de Santander de forma, donde ni siquiera copiaron bien lo que iban a contestar, sus denuncias han llegado a los medios de comunicación y a la Asamblea Departamental y no ha habido interés en su situación.

¿MILLONARIAS DEMANDAS A LA GOBERNACIÓN?

Es tanta la incertidumbre de cómo terminará esta historia, que lo que más nos preocupa a los santandereanos, es que por las faltas de la Gobernación, los contratistas terminen demandando al departamento y sigamos siendo los santandereanos quienes terminemos pagando estos recursos.

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1 Comment

1 Comment

  1. Juan López

    3 noviembre, 2017 at 8:09 pm

    Eso pasa en Colombia, corrupción, los trabajadores sin recibir su salario. Donde están los órganos de control.

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